El primer convocado fue el concejal Pedro Sito, quien se desempeñó como presidente de la Comisión de Iniciativa Privada que condujo el proceso licitatorio de la Nueva Terminal.

A pesar de que el pasado lunes Sito no asistió a la audiencia judicial y que ahora deberá ser nuevamente convocado con el anuncio de ser buscado por la fuerza pública, la visibilidad que ha tomado el caso permite mantener las expectativas de diversos sectores de la comunidad, que aspiran a frenar esta iniciativa. Un mega-proyecto que pretende transformar parte de la idiosincrasia de la ciudad y “rifar” dos de los inmuebles más valiosos del Estado Municipal, como lo son la actual manzana de la Terminal y el Mercado Municipal “3 de Febrero”.

Hay que recordar que en este emprendimiento el Gobierno de Marcelo Bisogni cederá la propiedad que ocupa la Terminal de Ómnibus actual por un valor de $6,5 millones, cuando las tasaciones de profesionales y el Colegio de Arquitectos estiman el valor del inmueble entre $11 y $15 millones.

Además, a cambio de la futura Terminal, que será más pequeña y con menos andenes que la actual, entregará por un plazo de 50 años la explotación del Mercado Municipal y el cobro del alquiler de los locales comerciales externos a favor de los empresarios de “Entretenimiento de la Costa”.

Comienza el gran desfile

Desde las llamativas declaraciones juradas de bienes de los empresarios –uno de los cuales declaró facturar apenas $15.000 por año– hasta la falta de planos de obra que cualquier particular debe presentar antes de iniciar una obra, estas flagrantes irregularidades se han vuelto moneda corriente para quienes siguen de cerca el caso.

Sin embargo, las irregularidades provienen desde los inicios mismos del caso, cuando la intervención de tres inmobiliarias locales abrió el escándalo en torno a la tasación de la actual Terminal. Mientras la primera tasación presentada por las inmobiliarias Peter, AES y Paccot referían un valor de $5 millones de pesos, fue el estudio pormenorizado del agrimensor Fernando Brescacín el que permitió detectar que en la valuación se habían “olvidado” de contemplar varios metros cuadrados cubiertos. Revisada la tasación gracias a la presión periodística, los valores se “inflaron” rápidamente para pasar de 5 a 7 millones de pesos, “apenas” $2 millones de pesos que jamás se hubieran reclamado de no ser por los ciudadanos que se comprometieron desde los inicios con esta escandalosa causa.

Por eso la Justicia llamará al banquillo a buena parte de los actores que han intervenido en esta sucesión de irregularidades: el primero de ellos fue el concejal oficialista Pedro Vicente Sito (PJ), quien presidía la Comisión de Iniciativas Privadas que avaló todo el procedimiento que pretende culminar con la entrega del patrimonio público. Detrás de él deberán desfilar por los Tribunales otros tantos actores que han avalado este proceso: Marcelo Férnandez Rousseaux (el cerebro de la maniobra); Fernán Galotto y otros tantos concejales y funcionarios del oficialismo que han tenido intervención efectiva en el tema.