A partir de la respuesta enviada por el Gobierno Municipal a la justicia, quedó en evidencia que la empresa inició los trabajos de la nueva Terminal sin presentar el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente. Se repite la historia del Basural de Talita, con anuencia de la justicia.

Sergio Bertellotti parece ser un funcionario empecinado en batir algún tipo de récord referido al incumplimiento expreso de la aplicación de las normas ambientales vigentes en Concepción del Uruguay. Su primer paso lo dio en el proyecto del basural de Talita, donde dio luz verde al proyecto sin haber exigido el debido Estudio de Impacto Ambiental. Así se lo hizo notar en sucesivas notas la Secretaría de Ambiente de la Provincia, que no sólo costaron dinero en multas a los uruguayenses sino también sanciones efectivas como clausuras sucesivas del basural.

Sin embargo Bertellotti, actual Secretario de Medio Ambiente y concejal electo, no escarmienta: esta semana volvió a quedar en evidencia su desapego al cuidado del ambiente al reconocer ante la justicia que las obras de la nueva Terminal avanzan sin el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental que exige a toda obra la ordenanza 6495.

Jueces sí, legalidad no

El permanente accionar de la justicia, contrario a los reclamos ambientales que se efectúan en Concepción del Uruguay, volvió a ponerse de manifiesto en la última semana. El Amparo Ambiental, presentado por el concejal Guillermo Grandi días atrás para que se frenen las obras de la nueva Terminal, fue rechazado por los jueces del Tribunal Laboral por razones de forma, sin indicación alguna para que la tutela del ambiente sea exigida a las autoridades municipales.
La breve sentencia resuelve “RECHAZAR LA ACCIÓN DE AMPARO promovida por Guillermo Andrés Grandi contra "Construcciones Antonio C. Caballi S.A.-Jorge Cura - UTE" y contra

la Municipalidad de Concepción del Uruguay por resultar extemporáneo”. Para fundamentar esta resolución, los jueces esgrimen argumentos que, a todas luces, resultan inconsistentes como mínimo. Allí reseñan los elementos aportados por los escuderos legales del Intendente, Marcelo Fernández Rousseaux y Mario Carballo, donde afirman que supuestamente “el actor estaba en conocimiento al 25/8/2011 que la obra ya se había iniciado”.

Algunas preguntas

De haber sido así, como dicen que consta desde el Gobierno Municipal, cabe preguntarse: ¿por qué el ingeniero de Traza a cargo de la obra, Mario Larrozza, admite en un video registrado a principios de octubre que no cuenta con ningún Acta de Constatación del inicio de los trabajos y que no ha habido inspección alguna por parte del Municipio?

Dice el descargo del Gobierno Municipal: “el 25/8/2011, el Municipio de C. del Uruguay, notificó a la empresa codemandada, acerca de la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental, otorgándole un plazo de 60 días para la presentación del mismo”, pero llamativamente el plazo no rige desde ese día sino caprichosamente “a partir del 20/9/2011”, se lee en el documento.

En todo caso, si la inspección a las obras que argumenta haber hecho el Municipio el 25 de agosto de 2011 existió, ¿por qué esperó hasta el 20 de septiembre para que comenzara a correr el plazo de 60 días para que se presente el estudio de Impacto Ambiental?; ¿Será que ante el requerimiento de la justicia los muchachos del Intendente sacaron cuentas y advirtieron que si los plazos corrían desde el 25 de agosto los empresarios amigos, Marizza y Pietroboni, se quedaban sin tiempo para presentar el Estudio de Impacto?

La forma antes que el ambiente

Si hay algo interesante que deja como saldo la resolución de la justicia y las obligadas respuestas a las que se ve forzado a efectuar el Gobierno Municipal es que existe una clara violación a la ordenanza 6495, ya que a tres meses de iniciadas las tareas de la nueva Terminal la empresa no ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental, que debe ser previo a cualquier obra de esta magnitud.

Además, no hay una sola línea del fallo del Tribunal dedicado a preservar la calidad del ambiente. De este modo, se avala el reiterado incumplimiento en el que incurre Sergio Bertellotti como secretario de Medio Ambiente al permitir que se lleven adelante obras de envergadura sin el correspondiente estudio de Impacto. ¿Y si el estudio determina que la obra afectará nocivamente el ambiente; la van a demoler?

A esta altura, está claro que el rol estratégico de Marcelo Fernández Rousseaux en el entramado legal para proteger la inversión de Miguel Marizza es fundamental para dejar a salvo a la actual gestión y garantizar la continuidad de la operación en el inminente Gobierno que administrará Carlos Schepens.

El poder de la legalidad

Ante cada inconveniente que puede poner en riesgo la continuidad del faraónico proyecto para quedarse con la actual Terminal y el Mercado aparecen las maniobras con escritos absolutamente desconocidos por los ciudadanos que intentan dar viso de legalidad a acciones que claramente no las tienen. Así ocurrió con el Acta de Constatación del inicio de las obras, con la aparente inspección en la que se demanda el Estudio de Impacto, como ocurrió ya en todo el proceso con la más diversa documentación que aparece a última hora y generalmente bajo el pedido de la justicia.

De este modo, los escasos controles administrativos permiten “dibujar” documentos a último momento para remendar los agujeros del caso. Una acción que, de investigarse, puede devenir en delitos graves como “falsificación de instrumentos públicos”.