A pesar del silencio que ha reinado en estos últimos tiempos, el escandaloso proyecto de la nueva Terminal sigue acumulando episodios de dudosa legalidad y nula legitimidad. La arbitrariedad y manejo discrecional con que llevan adelante el proyecto empresarios y funcionarios incrementan los cuestionamientos hacia esta obra con la que se va a hipotecar parte del patrimonio público de la ciudad.

La primera inspección

Esta semana, tres concejales de la ciudad se constituyeron en el predio donde se visualizan los primeros trabajos en la construcción de la nueva Terminal con la finalidad de inspeccionar la marcha de la obra y requerir algunas explicaciones que el Gobierno Municipal ha evitado dar en estos meses. Durante la recorrida, los concejales Guillermo Grandi, Norma Ducret y María Elena Gile constataron de modo efectivo que las tareas que se realizan en el lugar corresponden a la nueva Terminal y que no se trata de una mejora en el terreno por parte del propietario, como argumentó el Intendente Bisogni en una reciente respuesta a un Pedido de Informes.

Este dato, que parece obvio, modifica sustancialmente la legalidad de los trabajos, ya que la UTE “Entretenimientos de la Costa” está desarrollando una obra en un terreno ajeno. Así se pudo constatar en el Registro de la Propiedad en la mañana del 6 de octubre, donde consta que el predio sigue escriturado a nombre de la firma Lemiro Pietroboni S.A. Es decir, Miguel Marizza está construyendo una obra propia en un terreno ajeno: así de absurdo e ilegal.

Para que los trabajos queden oficialmente habilitados, la empresa debió haber presentado previamente los planos de obra ante la Municipalidad para que se autorice el inicio de las tareas. Sin embargo, ante la requisitoria de los concejales el encargado de la obra de la nueva Terminal dijo no contar con los planos en el lugar y desconocer si éstos habían sido aprobados o no. Segunda irregularidad grave que merece, mientras tanto, una multa del Municipio y la clausura de la obra. Ahora bien, si los planos estuvieran aprobados por el Municipio el asunto se tornaría aún más grave, dado que se estaría autorizando una obra de esta envergadura en un terreno que no pertenece a quien presenta los planos. Tan descabellado como eso.

Un plazo eterno

Otro de los ejes delicados de todo este embrollo está referido a la fecha de inicio de los trabajos. El dato no es menor, ya que esa fecha debe tomarse como referencia para contar los 365 días con que cuenta “Entretenimientos de la Costa” para construir y entregar la nueva Terminal al Municipio. Así figura en el contrato que las partes firmaron con fecha 9 de noviembre de 2010. Al momento de consultar sobre este asunto, un Pedido de Informe presentado por el concejal Grandi obtuvo la siguiente respuesta de parte del Intendente Bisogni: “no corresponde (labrar el Acta de Inicio de obra) ya que se trata de una obra privada”. Sin embargo, el contrato dice lo contrario al establecer que la empresa tiene un año para construir la Terminal nueva, contados justamente a partir del Acta de Inicio de los trabajos. ¿Cómo contabilizar el año con que cuenta Miguel Marizza para construir la nueva Terminal si no se constata la fecha en que se iniciaron los trabajos? Así de contradictoria es la posición del Gobierno Municipal.

¿Una obra pública o privada?

Esta discusión en pos de determinar si la construcción es una obra pública o privada abre nuevos interrogantes: si se trata de una obra privada, como asegura el Intendente, ¿quién y cómo va a determinar cuánto vale la nueva construcción a los fines de concretar el “canje” con el edificio de la Terminal actual?; ¿será el propio Marizza el que va a indicar al Intendente cuánto dinero dice que ha invertido?; ¿armarán un nuevo festival de tasaciones a los fines de lograr que la ecuación cierre para compensar los escasos $7,2 millones en los que fue tasada la Terminal actual?

Si este fuera el caso y la obra debiera dejarse en manos de un empresario privado hasta tanto sea transferida al Municipio, el Gobierno Municipal tendría que efectuar una férrea supervisión de los trabajos para garantizar la calidad de la construcción. Y aquí aparecen nuevos problemas: 1) El ingeniero a cargo de la obra reconoció a los concejales que no había existido supervisión alguna hasta ese momento por parte del Municipio; 2) También admitió pertenecer a la empresa Traza S.A., una de las subsidiarias de la familia Pietroboni que no se presentó a ninguna licitación y no cuenta con los antecedentes que exige el Pliego de Licitación como condición para la adjudicación de los trabajos. Fue llamativo en este punto el reconocimiento público de esta situación que hizo la concejal del PJ Ana María Díaz: en el programa Camino a las Urnas (98.1), la candidata a vice-intendenta de Schepens admitió que la empresa Traza había sido subcontratada por Miguel Marizza para que construyera la nueva Terminal (ver “Todo queda en familia II”).

Con estos elementos sobre la mesa, corresponde anular la licitación ya que los requisitos exigidos a las empresas oferentes determinaban taxativamente la necesidad de contar con antecedentes en la construcción de otras terminales u obras similares, además de 10 años de antigüedad en el rubro: ambos requisitos que no cumplimenta la empresa de Mauro Pietroboni, Traza S.A.

Todo queda en la familia

Como publicamos hace varias semanas atrás, el terreno que ocupará la nueva Terminal pertenece a la firma Lemiro Pietroboni. Llamativamente, la inversión pública planeada por el Gobierno Municipal y Provincial se direccionó hacia ese lugar: así se construyó el camino del tránsito pesado, expropiando parte del terreno de la empresa constructora. A ello se agregó luego la construcción de la nueva Terminal, garantizando un nuevo flujo de fondos para la segunda porción del mismo terreno de Pietroboni. La instalación del obrador de Traza S.A. no hizo más que confirmar que vendían el terreno de un negocio en el que también participan.

Para completar la operatoria, se trazó la construcción de una avenida de acceso hasta el lugar a los fines de garantizar accesibilidad y la extensión de la red de agua y cloacas que no existe en la zona. Y la obra se adjudicó a la misma firma Lemiro Pietroboni, financiando con dinero público las mejoras que justifiquen la obra que Marizza y Pietroboni comparten a la vera del Tránsito Pesado. Como se ve, todo queda en familia: Pietroboni vende el terreno, cobra por la construcción de la terminal nueva y vuelve a cobrar por la pavimentación de la avenida Alfonsina Storni que llevará asfalto, agua y cloacas hasta su propiedad.