La norma, sancionada recientemente, provocó el rechazo de organizaciones políticas y sociales y en Santa Fe y Rosario fue criticada con dureza. Por este motivo el Ejecutivo solicitaría su derogación a la Legislatura.

El Poder Ejecutivo resolvió derogar la ley de explotación de islas y tierras fiscales, según se confirmó a Recintonet. La norma, promulgada bajo el número 10.092 provocó el rechazo de organizaciones políticas, sociales y ambientalistas que criticaron duramente su alcance. La ley, creaba una sociedad anónima, denominada Arroz del Delta Entrerriano que tenía por objeto ejercer la titularidad de la concesión para la administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial, de las tierras fiscales de la provincia que el Poder Ejecutivo provincial identifique como aptas para ser incorporadas al proceso productivo y su concesión.

Este lunes, el gobernador Sergio Urribarri, resolvió enviar a la Legislatura el proyecto de derogación de la norma. Y, en esa iniciativa encomendó a Fiscalía y a organismos de control del Estado que intervengan en la revisión de la situación dominial de las tierras que componen el Delta entrerriano como la elaboración de un registro de inmuebles que pertenecen al dominio público y al dominio privado del Estado, y profundizar las acciones penales y civiles contra los ocupantes ilegales de bienes del dominio público provincial.

La iniciativa, que tratará la Legislatura, y a la que accedió Recintonet, menciona que “hay dos cuestiones en las que el Gobierno entrerriano no volverá atrás: una de ellas es la soberanía sobre su territorio”, dice al tiempo que afirma que no dejarán “que ningún privado, domiciliado donde fuere, se apropie del dominio público entrerriano e iremos hasta las últimas consecuencias, incluso penales, en defensa de este criterio”.

“La otra cuestión – dijo el Ejecutivo- es que no dejaremos sumido en el abandono uno de los territorios más fértiles de la República Argentina, como ha ocurrido hasta ahora. Hacerlo, sería un atentado contra los intereses de la provincia, contra la oportunidad y la obligación moral de producir más alimentos para el mundo”.

El proyecto, firmado por Urribarri, garantiza que “nunca se postuló ninguna privatización como interesadamente se ha dicho. Tampoco concesiones sobre todo el delta, como ridículamente se ha expuesto y menos aún llevar a cabo acciones que pongan en riesgo la cuestión ambiental, como maliciosamente lo han expresado sectores que hacen todo lo contrario”.

La ley 10.092, que en su articulado derogaba la ley de 9603 que impedía el uso de agroquímicos en los cultivos isleños y que habilitaba al Ejecutivo a contraer un endeudamiento de 50 millones de dólares para impulsar la sociedad, quedará sin efecto, una vez que así lo apruebe la Legislatura.

La derogación, confirmada a RecintoNet, se resolvió tras el fuerte rechazo que produjo la ley, no sólo en el arco político y social de la provincia sino también en ámbitos legislativos de Santa Fe y Rosario.

La propuesta del Ejecutivo

El proyecto, que remitirá el Ejecutivo a la Legislatura para derogar la ley 10.092 y que ingresará por el Senado, establece en su artículo primero, la derogación de la norma y en el segundo, encomienda “a la Unidad de Control de Inmuebles dependiente de la Fiscalía de Estado la elaboración de un registro de inmuebles que pertenecen al dominio público y al dominio privado del Estado indicando estado de ocupación y ubicación”.

También encomienda, en el artículo tercero, a la Fiscalía de Estado que profundice las acciones penales y civiles contra los ocupantes ilegales de bienes del dominio público provincial.

En el artículo cuarto del proyecto se encomienda “a los organismos de control la revisión de la situación dominial de la totalidad de las tierras que componen el delta entrerriano e informe las conclusiones al Poder Legislativo”. (RecintoNet)